Esa mañana, a las 7:36, el servicio meteorológico español —AEMET— emitió la primera alerta roja por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que merodeaba la Comunidad Valencia, al sureste de España. La gente sabía que llovería mucho, nada extraño en esta parte del litoral mediterráneo.
Pero antes del mediodía, el agua ya convertía avenidas en afluentes; a las 15:30, la prensa local informaba de desapariciones y a las 18:00 de rescates. Entonces, los videos que circulaban en las redes sociales grabados en Paiporta, el municipio que trascendería al mundo como el epicentro de la tragedia, mostraban los primeros coches que cedían ante la presión del agua.
La alarma que debía enviar el gobierno regional a los teléfonos de los valencianos llegó a las 20:11 —más de 12 horas después del primer aviso de AEMET—. El mensaje recomendaba “evitar cualquier tipo de desplazamiento”. Muchos trataban en ese momento de salvar el pellejo, subidos en un árbol o en los techos de las casas.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (Partido Popular), no compareció públicamente hasta las 21:20. Poco después, se sabría que estuvo ausente toda la tarde debido a una comida agendada con una periodista.
La estela de la tragedia se mide en 60.900 viviendas anegadas, 169.000 parcelas barridas por el lodo, montañas de coches que ahora solo son chatarra y 20.000 garajes y trasteros inundados, cientos de ellos que todavía lo están.
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Los testimonios de los afectados por la riada revelan un sentimiento de abandono por el Estado. La tragedia ocurrió un martes, pero el ejército no llegó a muchos de los municipios hasta el fin de semana.
La sensación de desamparo hubiese sido total, de no ser por la marea de voluntarios que llegaron a pie hasta el epicentro de la emergencia y cuyas expresiones de solidaridad no cabrían en ningún resumen. La gente intentó sintetizarlas en una frase: “Solo el pueblo salva el pueblo”.
La indignación por la tardanza en el envío de la alerta se transformó en furia a medida que la catástrofe cobraba dimensión. La cifra de muertos aumentaba por decenas de una actualización a otra. Finalmente fueron 223. Las protestas para exigir la renuncia de Mazón se han sucedido en las principales ciudades de España desde entonces.
Después de mucho tira y afloja, fue el gobierno regional —y no el nacional— el que asumió la respuesta a la DANA, en contra de todos los pronósticos. Ninguno de los dos escenarios que hubiesen revertido la situación se produjeron.
Ni el líder autonómico, Carlos Mazón, quiso ceder el mando al presidente del Gobierno; ni Pedro Sánchez (PSOE) declaró el estado de alarma, lo que hubiese transferido las competencias de la Generalitat Valenciana al Ejecutivo central. Mazón quiso evitar dar ese paso para que no se leyera como una confesión de incompetencia; Sánchez no quiso arriesgarse a heredar el malestar social que emergía por la riada.
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No deja de ser curioso que el año que culminó con la DANA haya comenzado con otra emergencia en la que también los voluntarios fueron esenciales, una que hizo temer por uno de los ecosistemas más valiosos del país.
Millones de 'pellets' en las playas de Galicia
El año comenzó para España con el océano Atlántico vomitando millones de pelotas de plástico en las playas de Galicia. Lo que parecía una imagen curiosa e inofensiva se convirtió rápidamente en una amenaza medioambiental que removió la memoria del Prestige —el barco que se hundió frente a las costas gallegas con 77.000 toneladas de petróleo en 2002—.
Todo comenzó en diciembre de 2023, cuando el buque Tocanao reportó la pérdida de seis contenedores en el mar con más de 26.000 kilos de plástico.
Las bolas de 5 milímetros de diámetro son utilizadas para la elaboración de plásticos más grandes como botellas o bolsas. La palabra pellets empezó a figurar en los titulares de mayor tamaño, lo que convirtió un tecnicismo de la industria en un nuevo término del diccionario popular.
El vertido se extendió por las comunidades de Asturias y Cantabria durante la segunda semana de enero. Fueron más de 100 playas afectadas. De nuevo, cientos de voluntarios llegaron de diferentes rincones del país para gastar días enteros arrodillados sobre la arena, recogiendo con coladores las esferas contaminantes.
De los mil sacos que perdió el carguero en el mar, solo se ha podido recuperar el 19%, según cifras de la Xunta de Galicia.
El Toconao es un buque de bandera Liberiana, que pertenece a una empresa de las Islas Bermudas, fundada por un alemán con residencia fiscal en Chipre. Esta trazabilidad imposible y el hermetismo del paraíso fiscal en el que está registrada la empresa POLAR 3 LTD han diluido la capacidad para señalar responsables.
En la demanda por delitos medioambientales contra POLAR 3 LTD que se tramita en un juzgado de Galicia, Ecologistas en Acción pidió una sanción de 10 millones de euros.
El colectivo ha resaltado que el vertido afectó a 10 espacios protegidos por la Unión Europea, en los que “se evidencian los daños sustanciales a la calidad del agua, a los suelos de las playas, animales y plantas, además del riesgo de perjuicios a la salud”.
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El vertido de pellets reavivó el debate en las instituciones europeas sobre los plásticos de un solo uso. El Consejo de Europa se pronunció el 17 de diciembre en favor de una regulación más estricta que reduzca las pérdidas de pellets en un 74%.
La amnistía cobija al separatismo catalán
En la arena política de esta legislatura sobraron capotes y embestidas. Una de las batallas más arduas fue suscitada por la ley de amnistía para los independentistas catalanes que promovieron el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 y las protestas posteriores.
La propuesta legislativa fue impulsada y defendida por el Gobierno como una medida para aplacar los ánimos independentistas en Cataluña. Quienes se esforzaron, le creyeron; el resto supo que era una concesión a los separatistas a cambio de sus votos en el Congreso, imprescindibles para alcanzar la mayoría parlamentaria y evitar el naufragio de los proyectos de Sánchez.
La norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de junio, tras ser aprobada con 177 votos a favor y 172 en contra en el Congreso de los Diputados. El texto fijaba un plazo “máximo” de dos meses para su aplicación.
Un semestre después, menos de un centenar de condenados se han beneficiado de la amnistía, de los 486 que estimaba la Fiscalía General del Estado. Entre ellos, una cincuentena de policías que reprimieron el referendo y 40 ciudadanos que participaron de las protestas —enjuiciados por atentar contra la autoridad, desórdenes públicos o lesiones—.
El perdón para los políticos catalanes se ha atorado en los tribunales, después de que algunos jueces se hayan negado a otorgarlo. Los togados defienden que algunos delitos no son amnistiables, como el de malversación —por el que están señalados algunos líderes del procés que usaron fondos públicos para financiar el referéndum de 2017, entre ellos Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat—.
Solo tres líderes independentistas han sido amnistiados, entre ellos Marta Rovira, secretaria general del partido Esquerra Republicana hasta hace apenas unos días. El resto está expectante de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), antes de reanudar la batalla.
España lidera en Europa el reconocimiento del Estado palestino
Cuatro países europeos han reconocido este año la existencia de un Estado Palestino: Noruega, Irlanda, Eslovenia y España. Otros más —Malta, Bélgica y Luxemburgo— se han mostrado a favor de la propuesta. Ya son 149 los países de la ONU que han adoptado esta decisión, principalmente en Sudamérica, África y Asía. En Europa, solo diez.
El germen de este reconocimiento simultáneo brotó del Gobierno español, que emprendió una gira continental en busca de aliados para reconocer a Palestina, como una respuesta a la masacre en Gaza perpetrada por Israel, tras la matanza del 7-O de Hamás.
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Con la reivindicación de la causa palestina, España ha desafiado a los colosos de Europa. Alemania, que aún carga la culpa del Holocausto, ni siquiera considera una opción el reconocimiento; mientras que los ministros de Exteriores de Francia e Italia han afirmado que “no es el momento” o incluso que “es un daño en contra de la paz”.
Reconocer el Estado palestino no ha sido la única decisión con la que España ha braceado contra la corriente. Hace semanas ablandó la normativa migratoria para nacionalizar 300.000 extranjeros anualmente –100.000 más que la cifra actual—. Esto en un contexto en el que las naciones europeas han optado por endurecer la legislación de Extranjería.
Escándalos, deporte y una reforma a la Constitución
El 2024 cierra con nuevas filtraciones de las cloacas de la política. Alvise Pérez, el influencer de ultraderecha elegido europarlamentario en junio, está siendo investigado por financiación ilegal. El líder del partido “Se Acabó la Fiesta” —nombrado así como una oda anticorrupción—, aceptó haber recibido 100.000 euros que no facturó, de manos de un empresario que terminó por delatarlo.
Paralelamente, el denominado “Caso Koldo” ha llevado a los tribunales al exministro José Luis Ábalos, uno de los hombres más cercanos al presidente, señalado en una trama de corrupción por una compra de material sanitario durante la pandemia.
Además, la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha sido denunciada por organizaciones de la derecha más radical por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
Estos señalamientos han sido rebajados por el presidente Sánchez a calumnias de “la máquina del fango”, como ha rebautizado a la oposición de la derecha.
En el deporte, unas han sido de cal y otras de arena. El triunfo de la selección masculina de fútbol en la Eurocopa indujo al jolgorio a todo un país, que meses después se despedía nostálgico de Rafael Nadal, que se retiró a los 38 años y 22 Grand Slams.
Y en medio de tanta crispación, este año también será recordado por la segunda reforma a la Constitución desde 1978. La modificación logró unir a un Congreso polarizado para eliminar la palabra “disminuidos” de la Carta Magna y cambiarla por “personas con discapacidad”.
Para muchos, fue un retoque cosmético; para otros, un acto cargado de simbolismo que demostró, entre otras cosas, que es posible el consenso en un país que tiende hacia los extremos.